La encrucijada de “Chiqui” Tapia con cuentas de AFA y su viaje al Súper Bowl
Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa el momento más complejo desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Paralelamente, enfrenta investigaciones penales, auditorías administrativas y denuncias empresariales que avanzan sobre el núcleo financiero de la entidad. Los expedientes someten a revisión contratos internacionales, transferencias en dólares, activos patrimoniales, deudas fiscales y circuitos de intermediación que durante años operaron sin un control estatal sistemático.
Mientras la Justicia y organismos estatales examinan balances, cuentas bancarias y vínculos comerciales, Tapia viajó este fin de semana a Estados Unidos para presenciar la final del Super Bowl 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Elena. El contraste entre ese despliegue personal y la delicada situación institucional del fútbol argentino revela el momento de mayor tensión política y judicial de su gestión.
Tapia enfrenta actualmente tres frentes judiciales abiertos y una ofensiva administrativa inédita. En conjunto, las investigaciones comprometen operaciones por más de $30.000 millones, además de millones de dólares en transferencias internacionales y contratos bajo revisión.
El primer frente es la causa penal económica por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El expediente tramita en el fuero especializado y busca determinar si la AFA, pese a contar con recursos líquidos, incumplió sus obligaciones fiscales.
En ese contexto, la Justicia ordenó un relevamiento integral de la titularidad de las cuentas bancarias, CBU y subcuentas, depósitos en moneda extranjera, colocaciones a plazo fijo, transferencias internas y externas, y todos los movimientos registrados desde 2021. El foco está puesto especialmente en los fondos administrados en el banco Credicoop, donde se detectaron operaciones por hasta $8.000 millones.
La investigación se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estiman una deuda de aproximadamente $19.000 millones por retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025. Para los investigadores, el eje central consiste en establecer si la conducción priorizó otros destinos del dinero antes que el cumplimiento fiscal.
La defensa de Tapia sostiene que resoluciones administrativas suspendieron las ejecuciones para entidades sin fines de lucro. No obstante, la fiscalía solicitó nuevas pericias para determinar si esas normas justifican los atrasos.
El segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales.
La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo.
El expediente permanece trabado por un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Zárate-Campana y el fuero Penal Económico porteño. Mientras un sector de la Justicia insiste en el eje territorial, otro sostiene que se trata de una trama financiera compleja vinculada a la AFA. La Cámara Federal de San Martín debe resolver si habilita el pase a Casación o confirma el traslado.
El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.
Mañana, 10 de febrero, una audiencia clave definirá si el expediente queda en la justicia ordinaria o pasa al fuero federal, lo que podría ampliar el alcance de las medidas de prueba.
Nota y foto publicadas en Infobae.
